Diseñar un modelo de autogobierno y de gestión que establezca reglas que permitan la asignación equitativa de recursos en áreas de bienes comunes.
En Colombia, para seguir viviendo, la mayoría de los habitantes rurales depende directamente de los bienes comunes del ambiente, de la agricultura, la minería y la pesca. La destrucción ambiental y física provocada por las represas acarrea un costo social muy importante, que recae con más fuerza sobre los sectores más pobres de la sociedad, los cuales son justamente habitantes rurales. De hecho, la gente de los medios rurales es la menos capacitada para afrontar los impactos ambientales de las grandes represas (McCully, 2001). De acuerdo con algunos investigadores antropólogos, sociólogos, politólogos,economistas y académicos, los asentamientos hidroeléctricos generan un despojo abrupto del territorio que deja a la población que los habitaba en condiciones de incertidumbre, pobreza y desarraigo. Estas comunidades quedan incapacitadas para gestionar su propia reproducción en forma simple, ya que son despojadas de su tierra, perdiendo por tanto este factor de producción y sostenibilidad, pero adicionalmente pierden acceso a los bienes comunes, que proveían bienes y servicios con los que complementaban su sistemas de provisión. Los asentamientos hidroelectricos se han caracterizado porque no toman en el momento de asignación de compensaciones el papel que tienen los bienes comunes en el nivel adquisitivo de las comunidades usuarios de ellos. Por tanto, estos proyectos no solo se caracterizan por el desalojo de los habitantes de cuencas hidroeléctricas usuarias de bienes comunes, principalmente el río, si no tambien porque en sus marcos de negociación no incluyen este elemento (los bienes comunes) en la compensación de las comunidades afectadas.