A la hora de establecer propuestas de intervencion en territorio rural el Plan de Desarrollo vigente de la Administracion del municipio de Medellin encuentra justificacion en un discurso aparentemente incluyente como es habitual en todas las variaciones del urbanismo social desde el 2004, pero la realidad de las intervenciones y planificacion con poca participacion presentan un problema que concluye en conflictos por el territorio donde el Estado ha sido quien ha optado por implementar de forma unilateral medidas de planeacion con insuficientes posibilidades de incidencia comunitaria. La ciudad debera promover diferentes formas asociativas, orientadas hacia el desarrollo empresarial rural para volverlo una alternativa atractiva para todos los implicados en el desarrollo rural; sobre todo en la medida en que contribuya a la equidad gracias al crecimiento economico generado en los corregimientos en particular, y de la ciudad en general (Plan de Desarrollo Medellin 2016 – 2019). La categoria de desarrollo rural es problematica por cuanto sus enfoques actuales no lo resuelven de forma comunitaria y sus “beneficiarios” son generalmente empobrecidos por los efectos de las intervenciones institucionales (Moisa y Hernandez, 2010). El corregimiento de Santa Elena en Medellin (territorio elegido como contexto para nuestra investigacion), siendo esencialmente territorio rural, ha sido planeado y modificado por via de herramientas juridicas de ordenacion del territorio. Los POT desde 1999 (Acuerdo 62 de 1999) han transformado (a traves de imaginarios y ficciones juridicas y normativas que ocultan cualquier soporte empirico y contextual) el territorio de Santa Elena en “suelo de expansion” (igualmente derivado del articulo 34 de la ley 388 de 1997) que le sirve de soporte a los instrumentos de desarrollo de la ciudad con el fin de implementar proyectos de vivienda, extender la actividad turistica de la ciudad y generar nuevas dinamicas de explotacion de la tierra que no atienden a las apropiaciones de los pobladores del corregimiento excluyendo la posibilidad del valor de uso que le asignan sus habitantes. De esa forma la participacion de los habitantes del territorio intervenido es insuficiente y simplemente formal con el fin de promover una sensacion y apariencia de consenso que ofrece imagenes de espacios presuntamente renovados y mas accesibles para la misma comunidad que los debe soportar. Las intervenciones planeadas desde la ciudad para el territorio rural, especialmente para el caso de Medellin, ofrecen e implementan mecanismos de apropiacion del espacio a partir de obras de infraestructura que permitan desarrollar actividades de tipo economicas como el turismo que se disenan en funcion de la nueva vocacion de la ciudad a partir de lo urbano (una manifestacion de esto es la utilizacion mercantilista de las Declaratorias de Patrimonio Inmaterial y Bienes de Interes Cultural que existen sobre practicas y espacios en el corregimiento - Velez, 2016); generacion de nuevos espacios publicos que le permitan a propios y extraños del territorio “consumir” dichos lugares sin reconocer de forma consciente que no existe representaciones politicas o valoraciones del territorio en el que se encuentran. Existe entonces una disincronia espacial generada por el modelo de planificacion del territorio y el desarrollo socioeconomico que viene implementando la ciudad de Medellin desde hace mas de 15 años y el proposito de expandir dicho modelo al territorio rural sin la participacion de sus moradores y que desconoce la valoracion politica y patrimonial del territorio que le asignan los habitantes de Santa Elena. La propuesta surge a partir de las posibilidades y las alternativas para plantear nuevas formas de generacion de modelos o instrumentos de desarrollo territorial a partir de la iniciativa de la misma comunidad que pueda servir, entre otros asuntos, para proponer a la institucion las formas de intervenir el territorio.